DOCE PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS DECENTE“Reitero mi lealtad al Ideario de Unidad del Partido y al Programa que tiene que materializarlo y a cuyo perfeccionamiento tenemos que contribuir colectivamente todos los que compartimos los propósitos impecables de una sociedad democrática, decente, justa y equitativa que como corolario tiene que ser pacífica”.
(“Carta abierta de Carlos Gaviria a los demócratas de Colombia”, junio 10 de 2009)
1. Soberanía Nacional y Política Internacional
Un país decente y digno es un país soberano, autónomo en sus decisiones, en el control de su territorio y en las relaciones internacionales, las cuales deben basarse en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía de los demás Estados, con estricta observancia del derecho internacional y de los derechos humanos. El país mantendrá su autonomía frente a las directrices de las instituciones internacionales financieras como el Banco Mundial y el FMI.
Colombia promoverá el más amplio intercambio económico, político y cultural con todos los países del mundo, a partir de concepciones diferentes a las del llamado “libre comercio”, de manera que los intercambios le sirvan a los intereses nacionales. La integración latinoamericana, en especial con nuestros vecinos fronterizos, será prioritaria y estará orientada en términos de cooperación y respeto mutuos. Es imperativo recomponer las relaciones con Venezuela y Ecuador.
Colombia no puede ser plataforma para la expansión de ningún país con pretensiones militaristas en la región. No puede admitir entonces que fuerzas extranjeras intervengan en su conflicto interno o que en su territorio se instalen bases militares de ningún país.
Cualquier persona que cometa un delito en Colombia, salvo casos de inmunidad diplomática reconocidos por el Derecho Internacional, será investigada y juzgada por las autoridades colombianas. En los tratados de extradición se exigirá una estricta observancia del principio de reciprocidad.
2. Por el Estado de Derecho y contra la corrupción.
La democracia que propugnamos tiene como marco el Estado de Derecho y en consecuencia la separación y el equilibrio de poderes. El presidencialismo, la concentración de poderes en el ejecutivo y las maniobras reeleccionistas que hoy prevalecen en el país debilitan la democracia y el Estado de Derecho y han convertido a Colombia en un Estado autoritario.
Para su recuperación propondremos las reformas constitucionales que sean necesarias.
Igualmente la democracia que defendemos conlleva la vigencia plena de los derechos humanos y el respeto al pluralismo. Como lo ha resaltado Carlos Gaviria: “También se encuentran explícitos en el Ideario de Unidad del Polo Democrático Alternativo la defensa de los derechos humanos, el respeto por la diferencia y el pluralismo ideológico, cultural, étnico, político, religioso, de orientación sexual e identidad de género, la promoción de la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción”.
La corrupción es uno de los males recurrentes de la historia política y en Colombia ha llegado a niveles extremos y alarmantes en la actual administración. Siendo originalmente un problema ético, la corrupción se ha convertido en un problema estructural, presente en casi todas las instancias e instituciones del Estado. Una de sus formas más frecuentes es el clientelismo, producto de la inexistencia de una verdadera carrera administrativa, judicial o diplomática, o de la no aplicación de reglas ineludibles para el ingreso a ellas. El combate de fondo a la corrupción incluye un proceso de educación democrática y ética, con pleno respeto de lo público, y el fortalecimiento de los entes y mecanismos de control mediante la selección adecuada de sus responsables, la exigencia del pleno cumplimiento de sus funciones y el acatamiento de sus decisiones. El gobierno de Carlos Gaviria se compromete a trabajar con firmeza en esta dirección.
3. Plan de emergencia por el empleo decente
“La dignidad humana es el fundamento y fin del Estado”, ha dicho también Carlos Gaviria. El primer reto para lograr este propósito es impedir que la actual crisis económica, que ha aumentado el desempleo, deteriorado la calidad de vida de la mayoría de los colombianos, en especial la de los pobres, siga recayendo sobre los trabajadores y el pueblo. Es indispensable reversar las políticas neoliberales, que incluyen concesiones al capital internacional justificadas bajo el lema de “confianza inversionista”, las cuales no han sido otra cosa que un saqueo de los recursos y las riquezas nacionales, la privatización del patrimonio público, ajustes fiscales que reducen el gasto social y la expansión de la especulación financiera.
Para revertir esta situación se propone ejecutar reformas sociales estructurales y un plan de emergencia por la recuperación del empleo decente basado en la inversión y el gasto estatal, coordinado con las organizaciones sociales, los empresarios y las comunidades. Los recursos públicos para llevarlo a cabo provendrán de la supresión de las exenciones a la renta de más de $8 billones anuales que hoy disfrutan los grandes capitales, de una reforma tributaria progresiva, de invertir excedentes de las reservas internacionales y de la emisión monetaria, recuperando previamente el control de capitales. Esto exige una reforma constitucional de la estructura y funciones del Banco de la República que permita ubicar la política monetaria en esta perspectiva.)
4.Multiculturalismo y reconocimiento de la diversidad
Los pueblos indígenas, afroamericanos y ROM hacen del nuestro, un país pluriétnico y multicultural. Defenderemos la autonomía administrativa de las comunidades indígenas así como su derecho a ejercer justicia según sus usos y costumbres, de conformidad con la Constitución.
Hace parte sustancial de nuestro proyecto la realización plena de la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país; la autonomía derivada de sus especificidades; la promoción de políticas tendientes a preservarlas y garantizar la vigencia plena de sus derechos.
Los integrantes de los grupos tradicionalmente discriminados o insuficientemente representados, como las mujeres, la comunidad LGBT y las minorías étnicas y culturales, tienen derecho a una ciudadanía plena, así como al ejercicio de los derechos que tradicionalmente les han sido negados.
5. Estado social y soberanía alimentaria como política de Estado
Haremos realidad el Estado social de derecho, que supone la materialización de todos los derechos humanos. Hacer realidad el derecho al trabajo digno, en el campo y en la ciudad, es una meta prioritaria para que Colombia sea un país decente. La dignidad humana exige que los ingresos deriven del ejercicio de un derecho – el derecho al trabajo – y no de los favores interesados del gobernante. La política de pleno empleo debe asegurar el cumplimiento de los demás derechos sociales: salud, seguridad social, educación, capacitación y plenas garantías laborales y sindicales, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
Propugnaremos la eliminación de todas las formas de contratación que desconozcan los derechos de los trabajadores, tales como las cooperativas de trabajo asociado y las modalidades de “tercerización” y propondremos la derogación de todas las normas que degradan el trabajo.
La soberanía alimentaria nacional debe ser una política de Estado. Sus componentes principales, además de democratizar y promover la producción empresarial, agrícola, campesina, indígena y afrodescendiente, deben propender a la satisfacción de las necesidades nutricionales como parte del derecho a la vida digna. Haremos cumplir el artículo 64 de la Constitución Política, que dice: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.
Colombia no importará, salvo situaciones de emergencia, los alimentos que se produzcan en el país. Ningún habitante padecerá hambre y el país almacenará las reservas suficientes que lo protejan de las crisis económicas internacionales.
6. El Estado debe recuperar la dirección de la Economía
Colombia será un Estado social de derecho cuando se realicen efectivamente todos los derechos y la economía esté al servicio del bienestar humano. La propuesta económica de Carlos Gaviria tiene como propósito el pleno empleo de los recursos productivos del país a partir del trabajo con el fin de “acompasar el crecimiento de la riqueza con su redistribución y propiciar la universalización de los derechos económicos y sociales”, como él mismo lo ha expresado. La realidad económica actual ha evidenciado la necesidad de que el Estado recupere la dirección y orientación de la economía. Propondremos las reformas constitucionales y legales necesarias para que el Estado recupere dichas funciones. Se favorecerá el mercado interno, con inversión estatal y privada en la agricultura y la industria; se impulsará la manufactura de mayor valor tecnológico como política productiva de largo plazo y como fuente principal de ahorro; se propiciará la redistribución del ingreso, al tiempo que se garantizará la participación de la población en las decisiones sobre la política económica. Se aumentará la inversión del Estado en infraestructura y en el sistema de crédito. Cesará la entrega irresponsable de los recursos naturales y se combatirá la usura de los intermediarios financieros. Se auditará la deuda pública, objetando estos contratos y todos aquellos que sean lesivos al patrimonio del Estado, denunciando la ilegitimidad de su pago.
7. Por una educación pública universal, gratuita y de calidad
Colombia padece un proceso de privatización de la educación y desmejora de la educación pública. No es decente un país que no brinde una educación pública gratuita, universal y de buena calidad. Proponemos entonces su materialización en todos los niveles: preescolar, primaria, secundaria, universitaria y educación técnica y vocacional. Se revisarán sus contenidos y modelos pedagógicos, se incrementará la inversión del Estado en infraestructura educativa y en capacitación y formación del magisterio, para asegurar la igualdad de oportunidades a todos los colombianos y colombianas. Impulsaremos la aprobación de un estatuto único de la profesión docente que dignifique esta labor, garantice la calidad de la enseñanza y restituya al magisterio los derechos laborales y prestacionales conculcados en las últimas administraciones.
Aumentaremos en el cuatrienio el presupuesto para el desarrollo científico y tecnológico del país, pasando del actual 0.5% al 2% del PIB y propondremos la reforma de la Ley 1286 de 2009 para reorientar y fortalecer esta área, esencial para la soberanía y la dignidad nacionales.
Los jóvenes de ambos sexos constituyen la mayor fortaleza y esperanza de un país. En Colombia se ha observado un desafortunado proceso de desinterés y escepticismo de la juventud frente a la política debido a su progresiva degradación. Para el Polo Democrático Alternativo ha constituido un gran estímulo el apoyo y la amplia participación de la juventud, que ha mostrado simpatía por el liderazgo y la precandidatura de Carlos Gaviria.
Daremos a la juventud una participación protagónica en nuestro proyecto político y cuidaremos de garantizarles sus derechos y abrirles espacio para la realización de sus aspiraciones.
8. Vivienda digna y NO a la privatización de los servicios públicos
La vivienda digna con servicios públicos domiciliarios de calidad para todos, conforme a los principios de solidaridad y equidad, es otro de los compromisos prioritarios del próximo gobierno de Carlos Gaviria. Para lograrlo promoveremos planes masivos de construcción de vivienda y buscaremos una distribución adecuada de las actuales unidades. Recuperaremos el crédito de fomento y propondremos iniciativas legislativas para defender los intereses de las familias que han tenido que padecer la usura de los intermediarios financieros a través del UPAC y la UVR, y se harán cumplir los fallos de la Corte Constitucional sobre la materia, hasta ahora burlados.
Suspenderemos la privatización de las empresas de servicios públicos domiciliarios y respaldaremos la propuesta de reforma constitucional del Referendo del Agua como derecho fundamental, para dotar también de un mínimo vital gratuito a todos los hogares colombianos.
9. Sistemas públicos unificados de Salud, Seguridad Social y Pensiones.
La salud se ha convertido en un negocio lucrativo e inhumano en el país. Es esencial anteponer el bienestar y la salud de todos a los intereses mercantiles. Daremos vigencia a la salud como un derecho fundamental del ser humano. Por tanto, propondremos la derogación de la Ley 100 de 1993 y el establecimiento de un Sistema Universal de Seguridad Social Integral de carácter público, con cobertura de calidad e igualdad de oportunidades, sin que la calidad y el acceso dependa de la capacidad de pago del usuario. El sistema estará a cargo del Estado como garante del derecho a la salud. Se financiará con parte de los impuestos generales y progresivos mediante un Fondo Público Único. Tendrá un enfoque de salud pública que armonizará la atención a las enfermedades con su prevención, la promoción de la salud y la defensa de la vida, y atenderá tanto las diferencias culturales, de edad y de género, como la diversidad y las circunstancias regionales y locales. Es una meta inaplazable la recuperación de la red pública hospitalaria. Que ningún colombiano muera por falta de atención médica oportuna y de calidad. No habrá más “paseos de la muerte”.
Estableceremos un Sistema Estatal Unificado de Pensiones que recupere el control del cuantioso ahorro pensional y convierta sus rendimientos en garantía de una pensión digna para todos y todas, no en una jugosa ganancia privada. Fortaleceremos el régimen de prima media que recupere el principio de solidaridad generacional entre los trabajadores.
10. Para proteger el ambiente
Colombia tiene una vasta riqueza climática, hídrica, paisajística y de biodiversidad. Pero afronta las consecuencias de los cambios ambientales y climáticos y de los modelos devastadores originados en la globalización económica, así como los abusos y el desinterés de los depredadores nacionales. Fomentaremos la conciencia ecológica y trabajaremos decididamente por la sustentabilidad ambiental, en particular por la defensa del territorio (como espacio, cultura y ecosistema), la justicia ambiental y climática y el cuidado de nuestra biodiversidad.
11. Política contra el narcotráfico
La política contra la producción, el tráfico y el cultivo de narcóticos no sólo ha constituido un fracaso, sino que en torno a ella han florecido y prosperado organizaciones delictivas que derivan su ganancia precisamente de la prohibición. Fenómenos como la violencia en el campo y el desplazamiento forzado están íntimamente relacionados con esas formas fallidas de combatir el narcotráfico.
La frustrada política antinarcóticos exige de una forma de lucha contra el narcotráfico asentada en el respeto de la biodiversidad, que prohíba las fumigaciones indiscriminadas y que fomente el desarrollo del país como una potencia en materia de diversidad biológica.
Somos conscientes de que Colombia, por razones políticas, jurídicas y sociales, no puede tomar unilateralmente la decisión de descriminalizar la producción, el comercio y el consumo de drogas estupefacientes. Pero precisamente su condición de víctima del fenómeno, le da autoridad para plantear ante la comunidad de las naciones la revisión de esas políticas y sustituirlas por otras educativas, preventivas, de salud pública, y de sustitución de cultivos, muy probablemente más eficaces y más acordes con lo que es una democracia.
12. La paz: una resultante de la vigencia de los derechos y de la seguridad integral
La paz es un bien que sólo se consigue con el logro simultáneo de otros bienes. No puede haber paz sin democracia, sin la vigencia de los derechos, sin justicia, sin satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, sin participación de la ciudadanía en las decisiones que la afectan. Ya lo sabía un pensador medieval cuando sentenció con claridad insuperable: “La injusticia genera guerra. La justicia, paz”.
El objetivo que buscamos, de una sociedad justa y en paz, no se logra con el mero uso de las armas. Un país seguro no es aquél que tiene el mayor presupuesto de guerra ni el mayor número de personas armadas. Ninguna sociedad es más segura que una sociedad justa y pacífica. En ella se realiza a plenitud lo que hemos llamado seguridad integral. La seguridad integral no se logra sólo por vía del uso de la fuerza que legítimamente debe monopolizar el Estado, con el más estricto respeto a los derechos humanos y las garantías ciudadanas, sino mediante la recuperación de la justicia como virtud suprema de la sociedad. La política pública en materia de justicia que propone Carlos Gaviria incluye reformas para la inclusión económica de personas y grupos marginados de los beneficios del progreso; un programa de transformación cultural y rescate de los valores cívicos y humanistas; una reforma estructural a la administración de justicia para desincentivar la cultura del litigio y aumentar la eficiencia en el servicio público; la depuración y profesionalización de los organismos de seguridad del Estado (DAS, DIJIN, SIJIN), y el combate contra la criminalidad organizada en todas sus formas.
Reafirmamos, de conformidad con el artículo segundo de los Estatutos del Partido, nuestro rechazo a la lucha armada como método de acción política y nuestra condena a toda forma de terrorismo, al secuestro y a los crímenes cometidos por las organizaciones armadas que participan en la confrontación interna.
Consideramos por tanto necesario el diálogo como elemento fundamental para la solución política del conflicto. Tal proceso exige la participación y el compromiso, no sólo de las organizaciones armadas al margen de la ley, sino de toda la sociedad. Implica avanzar hacia un acuerdo humanitario que permita la atenuación de los efectos devastadores de la guerra y la liberación de todas las personas injustamente privadas de su libertad. A partir del acuerdo humanitario será posible que el diálogo se extienda a los temas requeridos para llegar a un acuerdo nacional de paz.
Durante un gobierno del PDA no sólo se propiciará el resarcimiento de la población desplazada – que hoy constituye el 10% de la población del país - y la reivindicación de todos sus derechos, en especial la restitución de sus propiedades, sino que se creará un clima social incompatible con el desplazamiento. Del mismo modo se crearán condiciones para que quienes han tenido que salir del país puedan retornar sin riesgo para sus vidas y con la posibilidad de ejercer su derecho al trabajo.
Somos conscientes de que la enunciación de estos puntos no es exhaustiva. Algunos muy importantes pueden haberse omitido y otros, implícitos en los aquí expuestos, merecerán un desarrollo especial. Ha de ser un trabajo colectivo que esperamos se complemente y enriquezca con los aportes de todas las personas que simpaticen con nuestro proyecto político.
¡Por un País Decente, Carlos Gaviria Presidente 2010-2014!
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